Una reforma constitucional para modificar la dinámica del mercado eléctrico podría estar en el Congreso la próxima semana. El presidente ha anunciado que en los próximos días enviará la iniciativa que se convertirá en el instrumento más agresivo hasta ahora en busca de fortalecer y regresar al centro de la dinámica eléctrica a la estatal CFE.
Los participantes del sector ya han perdido la cuenta de los intentos desde la administración federal para cambiar las reglas marcadas por la reforma energética. Acuerdos, políticas, programas sectoriales y reformas a leyes secundarias ya han sido presentadas. Pero, hasta ahora ninguna se ha echando a andar, todas se han topado con amparos por parte de la iniciativa privada y de organizaciones civiles. El presidente se ha reservado para el final el instrumento que más carga podría representar.
Los miembros del mercado eléctrico ya esperan los cambios. La mayoría de ellos prevé que el documento contenga todas esas modificaciones que se intentaron hacer desde el inicio del sexenio, hasta ahora sin éxito alguno. Esto es lo que se anticipa:
La CFE deberá tener el 54% del mercado y sus plantas serán prioritarias
La principal finalidad de la propuesta del presidente López Obrador será garantizar que la estatal CFE conserve el 54% del mercado de generación eléctrica, el único en el que también se ha permitido la participación de capital privado, toda vez que la eléctrica nacional continua siendo el único que se hace cargo de las actividades de transmisión y distribución.
La reforma podría buscar que la energía producida en las centrales propiedad de CFE –principalmente las hidroeléctricas– sea despachada antes del resto propiedad de las compañías privadas. Este era el lineamiento central de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada hace unos meses y que no logró ser echada a andar, tras un fallo de la Suprema Corte y de jueces especializados en competencia.
La reforma energética de 2013, a través de la Ley de la Industria Eléctrica, estableció que la energía se despachará con base en criterios económicos, es decir, se tomaría primero la electricidad generada por centrales eólicas y solares con costos variables más bajos –debido a la ausencia de costo en los combustibles–. Así, se dejó al final de la fila a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad que funcionan con base en combustibles fósiles como carbón, diésel o combustóleo, que tiene costos mucho más altos.
Permisos alineados con la política nacional y con la CFE
El presidente y los principales tomadores de la decisión en materia de política energética han asegurado constantemente que durante el sexenio pasado la administración federal dio permisos de manera excesiva hacia la iniciativa privada, lo que ha provocado un desbalance en el mercado y una saturación en las líneas de transmisión. En lo que va de esta administración, el regulador del mercado eléctrico ha pausado la emisión de nuevas autorizaciones para plantas eléctricas. La propuesta de reforma podría incluir que los nuevos permisos estén sometidos a lineamientos de la Secretaría de Energía, como el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).
En la política de confiabilidad promovida por la Secretaría de Energía en mayo de 2019 se proponía que fuera la estatal CFE la que delineara los nuevos proyectos de generación necesarios. La iniciativa podría incluir un mayor protagonismo para la empresa dirigida por Manuel Bartlett, en la que ésta pase de ser otro participante del mercado eléctrico –el objetivo de la reforma de 2013– a un tomador de decisiones dentro de la política nacional.
Revisión a contratos
Desde el inicio del sexenio, el presidente López Obrador ha emprendido un discurso en contra de algunas de las empresas que obtuvieron contratos de generación eléctrica durante el sexenio pasado. El mandatario las ha acusado de obtener arreglos que dejan en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad y ha amagado con terminar con algunos contratos que consideran sean abusivos con el Estados.
En la reforma secundaria para modificar a la Ley de la Industria Eléctrica enviada y aprobada por el legislativo en marzo pasado incluía la revisión de algunos contratos de producción independiente y permisos de autoabasto, una figura que es utilizada principalmente por grandes consumidores industriales y que ya ha recibido varios frenos por parte de la Comisión Reguladora de Energía.
La nueva reforma podría incluir alguna figura de revisión de los contratos privados a fin de garantizar mejores tarifas al Estado, tal y como lo ha hecho el gobierno federal con otros contratos en la industria, como el de los gasoductos.
Y también podría incluir la posibilidad de cancelar los contratos de autoabasto, que poseen algunos grandes consumidores eléctricos como Bimbo o Walmart, y que suponen que estas grandes empresas generen su propia energía. El gobierno federal ha acusado que estos modelos distorsionan el mercado eléctrico, toda vez que nuevas compañías han logrado sumarse como socios en las centrales por bajos montos.
Terminar con las subastas y dar certificados de energías limpias a las viejas plantas de la CFE
El gobierno anterior creó la figura de las subastas eléctricas y los Certificados de Energías Limpias (CEL) para que la CFE contratara electricidad más barata –mediante plantas de generación renovable– y para incentivar la construcción de nuevas centrales por parte de compañías privadas a falta de capital de inversión.
Pero la nueva reforma podría eliminar la obligación de que la CFE recurra a las subastas eléctricas para contratar nueva capacidad de generación y entonces haga uso de aquellas centrales que ya estaban en planes de ser desechadas por el tipo combustibles que utilizan o porque ya son muy viejas.
La Sener también había buscado desde los primeros meses del sexenio que la empresa eléctrica nacional obtuviera para sus viejas centrales hidroeléctricas y su central nuclear los Certificados de Energías Limpias, a pesar de que estos instrumentos fueron diseñados solo para nueva infraestructura.
¿Y el litio?
El presidente sorprendió ayer en su conferencia matutina al anunciar que podría incluir las reglas para la explotación de los yacimientos de litio en su reforma eléctrica. Este metal ha sido calificado por muchos como el “nuevo petróleo”, la razón yace en que se volverá un material elemental en los autos eléctricos.
Las baterías de litio han demostrado tener mayor capacidad que las de plomo o níquel y en el camino rumbo a la transición energética, éste se convertirá en una materia codiciada por las grandes automotrices y en un importante negocio para México. El litio también es un insumo importante para la fabricación de medicamentos psiquiátricos, para la industria nuclear y para el almacenamiento de energía, una parte elemental rumbo a la transición energética.
México busca ser parte de la cadena de valor de este material que se ha creado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y para ello es necesario definir el papel del Estado en la extracción del metal, que también ha sido denominado como “oro blanco”. El país cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo, ubicado en Bacadéhuachi, Sonora, con una capacidad de 243.8 millones de toneladas, de acuerdo con ranking de Mining Technology.
Por ahora la extracción de este metal se encuentra en un vacío legal. Los legisladores de Morena, el partido del presidente, han incluido en algunas de sus agendas propuestas para nacionalizar el litio como un recurso estratégico para el país, sin que hasta ahora esto haya sido declarado. México tiene el yacimiento de litio más grande del mundo y la canadiense Bacanora Lithium tiene la concesión desde hace ya más de una década, pero hasta ahora no queda claro cómo es que el Estado mexicano se beneficiará de tener el yacimiento de litio que podría convertirse en el más lucrativo a nivel mundial.