Siete de cada 10 productores de caña de azúcar, incluyendo los más pequeños, fueron enviados al Régimen Simplificado de Confianza, creado recientemente por el gobierno federal y que entró en vigor este año.
El presidente de la Unión Local de Productor de Caña, Evaristo Gómez Díaz, dijo que luego que este 2022 entrará el régimen, los casi 3 mil productores han pasado un calvario al verse obligados a realizar trámites desconocidos y casi imposibles sin asistencia de un contador.
Además como parte de las modificaciones en la Reforma Hacendaria, a partir de este 2022 el sector cañero pasó de pertenecer al Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvicultura y Pesqueras (Agape) al Régimen Simplificado de Confianza (Resico), lo que significa que a partir de ahora todos los productores de caña a nivel nacional deberán de pagar el 1.25 por ciento por su producción al gobierno federal.
“En este 2022, nos sacan una nueva reforma hacendaria que, les pega directamente a los productores del campo, tienen que darse de alta en hacienda, presentar su constancia de situación fiscal, se retiene el 1.25 y tienen que facturar”, comentó.
El productor de caña y ex presidente del Comisariado Ejidal de Cocoyol, José Martin Villa, señaló que lo anterior se suma a la larga lista de descuentos que les llegan en sus preliquidaciones y liquidaciones cañeras, por lo que temen que la actividad deje de ser redituable.
“Es complicando sacar la firma electrónica, se tienen que ir a las oficinas de hacienda en la capital del estado, y muchos productores con trabajo y leen o manejan celular, no manejan cuentas electrónicas”, destacó.
Productores se apoyan ante los cambios
En tanto, en la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la zona de abasto del ingenio San Rafael de Pucté apoya a los productores rurales con los trámites.
De acuerdo con la información, el ingenio va a descontar directamente el 1.25 por ciento de lo que les vayan a pagar, tanto en las liquidaciones como en las preliquidaciones.
Esto se suma a otros descuentos que van desde el pago de las cuotas al Seguro Social que son obligatorias, los gastos de cosecha, el corte, acarreo, el cargo de la caña accidentada, los gastos administrativos, el pago de cuotas entre otros.
“Si la industria azucarera representa 2 mil millones de pesos, imagínate cuánto dinero se va descontar a los productores para el gobierno, dinero que hace falta a las parcelas, de baja producción, afectadas por sequías, inundaciones, y aumento de precio de los insumos”, finalizó.
A nivel nacional, las dirigencias siguen buscando la posibilidad de que los productores de caña regresen al régimen Agape, donde tenían diversos beneficios, además de que aquellos que tienen ingresos menores estaban totalmente exentos de pagar impuestos.