México enfrenta un desafío significativo tras la resolución del panel de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permite la importación de maíz transgénico para consumo humano, mientras se mantiene la prohibición de su siembra en territorio nacional. Así lo señaló Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
“Permitir la entrada de maíz genéticamente modificado sin restricciones al consumo humano podría traer beneficios inmediatos para el mercado interno mexicano, debido a que evitaría presiones inflacionarias en el mercado alimentario y asegurá estabilidad en los precios de productos esenciales para la población mexicana”, destacó Anaya para el periódico El Universal.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la primera quincena de 2025, la inflación nacional fue de 3.7%. En este periodo, el precio del maíz subió 0.9%, mientras que las tortillas registraron un incremento del 1.2%.
Anaya también enfatizó que aceptar la importación del grano garantizaría el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el T-MEC. “Esta medida fortalecería la relación con Estados Unidos y evitaría posibles represalias económicas. Además, preserva el acceso al mercado estadounidense para otros productos mexicanos y consolidaría la estabilidad de las exportaciones agrícolas entre ambas naciones”, señaló.
Por otro lado, la prohibición al cultivo de maíz transgénico en territorio mexicano busca proteger las variedades nativas y mantener un equilibrio ecológico. En este contexto, el gobierno planea presentar una iniciativa de reforma constitucional antes del 3 de febrero, fecha límite para cumplir con el fallo del panel.
La propuesta eleva a rango constitucional la prohibición del cultivo de maíz transgénico, al establecer en el artículo 4 que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El maíz es un elemento de identidad nacional cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico”.
Jorge Molina, experto en comercio exterior, advirtió sobre las posibles consecuencias si México no corrige el decreto que dio origen al panel de controversias. “Si para el 4 de febrero no se ha resuelto el problema, Estados Unidos y Canadá podrían comenzar a aplicar aranceles. En caso de no revertir el decreto, México sólo podría apelar por el monto excesivo de los aranceles impuestos”, explicó Molina.
El mes pasado, la Secretaría de Economía declaró que respetaría el fallo del panel, aunque no comparte la resolución. “Consideramos que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que México es parte”, afirmó la dependencia.
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