El Ingenio de Puga, una de las principales productoras y comercializadoras de azúcar en Nayarit, se declaró en concurso mercantil tras enfrentar serios problemas financieros. La familia García Arce, propietaria del ingenio, dejó de cubrir sus compromisos con acreedores, lo que ha derivado en un conflicto legal prolongado sin una solución definitiva.
La crisis financiera de la empresa ha afectado a miles de productores de caña en la región, generando incertidumbre sobre el futuro del ingenio. Ante esta situación, diversas compañías han manifestado interés en adquirir el negocio y reactivar sus operaciones. Entre los principales interesados se encuentra Zucarmex, líder en la industria azucarera en México. No obstante, debido a restricciones en materia de competencia y regulación antimonopolio, la empresa no puede adquirir directamente el Ingenio de Puga ni su comercializadora, Copaco, lo que la ha llevado a buscar alternativas para su posible operación.
De acuerdo con el diario La Razón, Fernando Aportela, exsubsecretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto y actual directivo en el sector financiero, ha intervenido en el proceso a través de Altor Capital, su casa de bolsa. En 2023, Altor Capital, mediante su SOFOM Adventus, otorgó un crédito de 500 millones de pesos para reestructurar la deuda del ingenio y reactivar sus operaciones. Se señala que el financiamiento habría sido respaldado por Zucarmex, lo que ha generado cuestionamientos sobre el esquema utilizado en la reestructuración y sus efectos en los acreedores.
Ante la necesidad de mayores recursos, Adventus gestionó un financiamiento adicional de 600 millones de pesos con instituciones de la banca de desarrollo. En un primer intento, la solicitud fue presentada a Bancomext, dirigido por Luis Antonio Ramírez Pineda, pero fue rechazada tras el proceso de due diligence debido a las incertidumbres derivadas de la situación legal del ingenio. Posteriormente, la solicitud fue presentada ante Banobras, encabezado por Jorge Mendoza, donde se encuentra en proceso de autorización, a pesar de que este tipo de financiamiento no se alinea con la función social de la institución.
El caso ha generado inquietudes sobre posibles conflictos de interés, ya que se ha señalado que Altor Capital podría estar actuando como intermediario de la familia García Arce. También se ha cuestionado la posible intervención de Zucarmex en la operación del ingenio a través de mecanismos indirectos. Acreedores han denunciado que la reestructuración de deuda ha perjudicado sus derechos y comprometido el pago de obligaciones.
Las disputas legales en torno al Ingenio de Puga y Copaco continúan, con diversas demandas en curso. Autoridades financieras, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han puesto especial atención al caso ante el posible uso de financiamiento de la banca de desarrollo y la intervención de actores del sector bursátil en operaciones que podrían estar fuera de su ámbito de competencia.
El futuro del Ingenio de Puga sigue en incertidumbre, mientras se analizan las decisiones en torno a la reestructuración de su deuda y la reactivación de su producción y comercialización. El desenlace del caso tendrá implicaciones en el sector azucarero de Nayarit y en la economía de los productores de caña, en un contexto que subraya la necesidad de mayor transparencia y supervisión en el uso de recursos públicos y privados.
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