En los últimos años, México ha experimentado una notable disminución de las lluvias en extensas áreas del país, lo que ha exacerbado el problema de escasez de agua para diversos usos, incluido el consumo humano. Esta situación, de acuerdo con expertos, presenta un desafío más complejo de lo anticipado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido criticado por no establecer políticas públicas adecuadas para enfrentar esta crisis hídrica. Se advierte que este descuido gubernamental dejará un problema prácticamente insoluble en el corto plazo.
Ernesto Enríquez Rubio, abogado y doctor por la UNAM con amplia experiencia en el sector público, incluyendo áreas de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Salud, Trabajo y el Sistema Bancario, enfatiza que la escasez de lluvias es un fenómeno cíclico, presentándose entre 22 y 25 veces por siglo. Por lo que destacó la importancia de implementar políticas públicas efectivas para mitigar el impacto negativo en la agricultura, ganadería, conservación de bosques y selvas, y especialmente para prevenir interrupciones en el suministro de agua potable a ciudades y comunidades.
Enríquez Rubio clasifica la sequía en México en tres categorías: meteorológica, refiriéndose a la disminución de lluvias; hidrometeorológica, donde la falta de precipitaciones se suma a un déficit acumulado de ciclos anteriores, afectando ríos y arroyos; y la sequía extrema, caracterizada por el agotamiento del agua subterránea. Este escenario demanda una gran resiliencia y medidas extraordinarias para proveer agua, especialmente en áreas donde ya no hay disponibilidad de este recurso vital.
El especialista señala que la agricultura es el principal consumidor de agua en México, representando el 75% del uso total. Sin embargo, debido a la falta de tecnología adecuada y la insuficiente inversión, se pierde el 40% del agua destinada a este sector durante su conducción y distribución. Critica la disminución de la eficiencia en el manejo del agua desde finales de la década de 1990, debido a la reducción de recursos destinados a mejorar esta situación.
Enríquez Rubio hace hincapié en la necesidad de una política pública robusta que priorice la inversión en infraestructura hídrica, señalando la falta de acciones concretas para abordar las pérdidas significativas de agua tanto en el campo como en las zonas urbanas. Asimismo, menciona la disminución de los recursos fiscales asignados a la Comisión Nacional del Agua y el desafío que representa la gestión de las 472 mil concesiones de agua en el país con un equipo limitado de inspectores.
Finalmente, critica una iniciativa legislativa que considera populista y poco efectiva, la cual busca limitar nuevas concesiones de agua en zonas críticas sin abordar adecuadamente el problema de las concesiones que expiran, lo que podría representar un riesgo para la seguridad nacional.
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