En los 15 años recientes, la agroindustria en Jalisco ha cambiado no sólo el paisaje mazorquero y cañero tradicional del estado, sino el entorno económico, social y productivo del campo que incluye tala clandestina, despojo de tierras mediante rentas o compras –muchas veces forzadas– a comuneros, ejidatarios y pequeños productores, incendios forestales para tener más terreno, deforestación, perforación de pozos, robos de agua, precarización laboral, así como afectación ambiental y a la salud.
Concretamente en Jalisco, bajo el proyecto impulsado por tres administraciones estatales –del panista Emilio González, del priísta Aristóteles Sandoval y del actual emecista Enrique Alfaro– el llamado “gigante agroindustrial” cada vez siembra menos maíz y se dedica a la plantación de berries y aguacates.
En el camino, el estado perdió su liderazgo nacional en la siembra del maíz que hasta 2017 siempre encabezó. Una reconversión en la que el dinero y no la autosuficiencia alimentaria es la meta, un ejemplo a escala de lo que también ocurre en gran parte del país.
En 2021, según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) del gobierno federal, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional con 848 mil 261 toneladas de maíz amarillo (un 0.4 por ciento menos que un año antes) y también quedó en segundo lugar en producción de maíz blanco, con 3 millones 95 mil toneladas (apenas un 0.2 por ciento más que en 2020).
“Hasta hace 20 años era muy común encontrar aquí los campos de maíz tapizados, pero la producción de berries vino a sustituir esa tradición, porque es industrial y produce todo el año. Tuvo mucho que ver que la producción de maíz no era rentable, era de autoconsumo y había enormes extensiones de tierra que sembraban maíz y en muchos casos hasta terminaban perdiendo”, dice el presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán.
El municipio, cuya cabecera es Ciudad Guzmán, es el mayor productor de berries (zarzamora, frambuesa, fresa y arándano, según el SIAP), en Jalisco, el que más exporta a nivel nacional. Barragán calcula que al menos 10 mil personas, 7 mil de ellas migrantes de estados del sur y sureste del país, trabajan en los túneles de producción de berries.
“Muchos productores que quizá ni siquiera son propietarios de los invernaderos, hoy rentan o venden sus tierras, se han vuelto arrendadores de sus tierras. Es una industria que parece que no va a parar hasta que se acabe la última hectárea de la zona”, agrega el edil.
Impacto ecológico
Las consecuencias están a la vista. La laguna de Zapotlán es un cenegal debido al acarreo de lodos que traen las corrientes de agua por la deforestación en las zonas altas, y ese material que llega al lago produce que se desborde, como ocurrió el año pasado, inundando parcelas y predios de pequeños productores.
También las calles de la ciudad no dan abasto ante el aumento poblacional, superando la oferta de servicios médicos, encareciendo las rentas de casas. En las calles del centro es común ver a jornaleros hablando tsotsil, tseltal o mixteco.
Santiago Morán, un activista y defensor ambiental y de la agricultura orgánica en el vecino municipio de Tuxpan, consejero de las siete comunidades indígenas nahuas que desde tiempos ancestrales habitan esas tierras, donde aseguran nació el maíz auténtico, reconoce que el empuje económico de los berries es una máquina a la que también ellos quieren subirse, como ha quedado constatado en asambleas comunitarias, aunque también existe resistencia y se busca continuar con los monocultivos y el autoconsumo o, al menos, con plantaciones de berries que sean orgánicas.
“Hay una excesiva extracción de agua, se provocan socavones y hasta grietas en la tierra, como la que está en Ciudad Guzmán y que provoca temblores o, el año pasado, en Sayula. Además, con los agroquímicos agresivos que se usan, con el paso de los años ya se ven casos de cáncer, es un riesgo a la salud porque muchos trabajadores no tienen el equipo de protección indispensable”, advierte.
Evangelina Robles, de la comisión de enlace del Ejido San Isidro, en el municipio de San Gabriel, indica que el proyecto del “Jalisco gigante agroindustrial” está causando daños irreversibles en el campo del estado, atentando además contra la autosuficiencia alimentaria que supuestamente busca el gobierno federal, al sustituir los cultivos tradicionales por cultivos en invernaderos.
Ante todas las críticas, Juan José García Flores, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, asegura que los productores de su organismo tienen conciencia ambiental, y aunque hay resistencia de ciertas comunidades, la solución siempre ha sido el diálogo, buscando la forma de ayudar a las poblaciones y generar un crecimiento económico.
Sobre los señalamientos del impacto que esta industria genera al medio ambiente, aseguró que han ido avanzando en tecnología. “Desde que nacimos hemos ido perfeccionando la técnica, hoy tenemos el riego de precisión. En cuanto a que las lonas de los túneles impiden que llegue el agua al suelo, pues no es tanto así, pues cuando termina la temporada desmontamos los techos”.